Evolución de la propiedad de la tierra en la España Moderna

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En las sociedades pre-capitalistas,  donde la industria no tenía el papel protagonista que tiene en la actualidad, el factor económico más importante era la tierra, por lo que el reparto de esta será de sumo interés. Conocer la distribución y la evolución de esta distribución nos hará adquirir un conocimiento más aproximado de cómo era la estructura económica del siglo XVIII y por consecuencia la articulación político-social que existía en España.

Para hacer una reconstrucción del reparto de las propiedades en el siglo XVIII encontramos la dificultad de la falta de fuentes fidedignas  hasta el Catastro de Ensenada que puede aportar algo de luz a la cuestión de la propiedad, aunque estos estudios estaban influenciados por la necesidad de ocultar algún tipo de información. A  esta falta de fuentes antes de la llegada de la ilustración hay que unirle la historiografía que vendrá después, que utilizará ciertas nociones liberales a la hora de tratar el tema de la propiedad. Esto se ve reflejado en las últimas décadas en el terreno de la discusión agraria entre intelectuales, donde el sesgo neoliberal de los historiadores intentaba dar una imagen muy negativa de los bienes comunales por su supuesta falta de crecimiento económico.

Entrando en materia, podemos dividir la tierra en dos grandes sectores: tierra privada y tierra pública. La privada era la propiedad vinculada y de manos muertas relacionadas  con la realeza, con la nobleza y el clero por un lado y la propiedad de la burguesía en las ciudades y  de los campesinos por otro. En cuanto a la pública, sería la tierra relacionada a las propiedades municipales (bienes comunales) que estaba sujeta a prácticas de gestión colectiva. La titularidad de ambos tipos de tierra era muy dudosa por lo que en momentos determinados algunos particulares o la Corona los reclamarían como propios.

Los bienes comunales irán desapareciendo en el proceso del ascenso de la burguesía. Poco se sabe del papel real que juegan este tipo de tierras en la economía de la Edad Moderna  y existe un amplio debate sobre sus características donde hay opiniones de todo tipo, desde los que lo ven como algo idílico hasta los que lo analizan como tierra sujeta a todo tipo de abusos. Las teorías con más fuerza hablan de un comunal flexible capaz de adaptarse a los tiempos pero que a la vez servía a la nobleza como herramienta de explotación sobre los campesinos pobres. No existía un plan concreto para la explotación de estas tierras sino que se amoldaban a las circunstancias tanto climáticas, demográficas y prácticas. A menudo había una pluriactividad para mermar los riesgos posibles y para adaptarse a las necesidades de la cada vez más creciente importancia de los mercados y la industria. En Castilla, por ejemplo, la mayoría de tierras concejiles estaban vinculadas a actividades no agrícolas como el pastoreo, dehesas…Sus usos más habituales eran: como reserva para alimentar al ganado, reservas de cultivo, para el aprovechamiento de los recursos forestales, como reserva energética etc.

En cuanto al papel social de los bienes comunales parece desigual, la nobleza acumularía grandes riquezas de estas tierras, los campesinos lograrían cierto “colchón” de seguridad para la subsistencia familiar y por último, las instituciones municipales también sacarían algún provecho, por consiguiente, el régimen comunal era un fiel reflejo de la estructura social existente.

La propiedad eclesiástica, que tiene su origen en las numerosas donaciones durante siglos por parte de reyes, nobles y particulares, sobre todo a partir de las donaciones durante la Reconquista en el esfuerzo de expansión del cristianismo, se cifra en torno a un 14 o16% de las tierras de España (no se sabe si las cifras son ciertas debido al interés que había para sacar adelante la ley de desamortización). Un gran porcentaje de los cultivos producidos de toda Castilla pertenecían a la Iglesia por lo que se entiende que sus tierras eran las mejor situadas y más fértiles, lo que a su vez justifica el reparto desigual de las posesiones de la Iglesia en las diferentes regiones. Donde mayores posesiones tenían era en Andalucía y Extremadura que eran las mejores tierras para el cultivo.

La forma de organización de las tierras que pertenecían a la nobleza eran los señoríos.

Había dos tipos de señoríos:

  • Señorío territorial, conocido como solariego, en el que el señor está vinculado a una tierra que suele ceder a campesinos a cambio de unas rentas (en especie, dinero o trabajo) o eligiendo jornaleros para que las trabajasen.
  • Señorío jurisdiccional, en virtud del cual el señor tiene una serie de concesiones en unas tierras de tipo judicial y político, que son una fuente de poder (nombra a las autoridades locales, ejerce la justicia, cobra tributos). En este caso el dinero lo obtendrán a través del control directo de algunos instrumentos de producción sobre los que solo el noble tendrá el monopolio: como herramientas o molinos o el cobro por el uso de ríos, cotos para la caza o puentes…

Primero dominaban los solariegos  pero poco a poco se irán transformando en señoríos jurisdiccionales.

La vía legal de la nobleza para vincularse a las tierras que supuestamente le pertenecían era a través de la institución de mayorazgo que inmovilizaba los bienes en una misma familia para evitar la dispersión fijando un orden hereditario que beneficia al primogénito.  Los mayorazgos fueron un mecanismo de la nobleza para mantener sus propiedades feudales. Estos bienes vinculados tenían la obligación de no ser vendidos ni cambiados ni divididos ni siquiera podían estar en régimen de arrendamiento a campesinos por mucho tiempo por lo que nunca se introducían grandes mejoras ni se invertía en la tierra. Los mayorazgos no solo se referían a tierras si no también a jurisdicciones y objetos. Era un mecanismo para la supervivencia del feudalismo ya que no dejaba que el suelo se convirtiese en mercancía.

En cuanto a la propiedad campesina y la propiedad burguesa, existían en menor porcentaje. Algunos campesinos habían acumulado una considerable cantidad de riquezas por lo que pudieron obtener grandes parcelas y ricos recursos agrarios. En cuanto a la burguesía de las ciudades, que aun era muy difusa, minoritaria y dispersa, intentaban invertir en la tierra para obtener seguridad en los momentos de crisis de los negocios mercantiles.

Finalmente, las tierras de realengo que eran las que estaban bajo jurisdicción del rey y que en la mayoría de los casos estaban en régimen de arrendamiento, en las que la corona cobraba rentas e impuestos por su utilización. La mayoría de estas  tierras se sitúan en la zona norte de Castilla ya que las Órdenes eclesiásticas ocupaban gran parte del sur.

Todo este sistema de distribución de la tierra entraría en una profunda crisis en el siglo XVIII. Las tensiones entre campesinos,  burgueses, arrendatarios, señores feudales, la corona etc. iba en aumento. En el Antiguo Régimen, como hemos explicado antes, el dominio de la nobleza y el clero sobre las tierras era indiscutible y causa de ello eran los señoríos y la propiedad vinculada. El señorío representaba el control de los estamentos privilegiados sobre la colectividad a la que podía ejercer un dominio político y la propiedad vinculada se encargaba de mantener el patrimonio acumulado en los mismos linajes y familias.

La situación agrícola era compleja, la demanda de productos cada vez era mayor y las cosechas no eran demasiado abundantes debido a diferentes factores como la poca fertilidad de la tierra y la mala gestión que se hacía sobre ellas. A este hecho se le une que la nobleza y el clero buscaban los mayores beneficios posibles por lo que reservaban la venta para los meses que mejor les convenía. La producción no podía aumentar por la imposibilidad de la burguesía en comprar tierras o en invertir en la modernización del campo y la mejora de las técnicas de cultivo debido a los mayorazgos. Los que sufrirán las consecuencias de la situación serán los campesinos que tendrán un empeoramiento de sus condiciones de vida. A los impuestos y las rentas se le añade los precios cada vez más altos que debían pagar por los productos, entrando  su subsistencia y la de sus familias en riesgo y endeudándose en muchas ocasiones lo que provocaba que se les desahuciase por la fuerza de sus parcelas. En este contexto se producen levantamientos anti señoriales que serán aprovechado por sectores de la población y por el gobierno ilustrado como instrumento para justificar ciertos cambios.

Tanto la nobleza urbana, como la burguesía y el campesinado en condiciones de explotación buscarán la destrucción de los mecanismos que sustentaban la hegemonía de la distribución de las propiedades en manos de los estamentos privilegiados. Para ello empezará una “campaña ideológica” de críticas hacia las tierras que tenían malos índices de producción (tierras vinculadas con la nobleza y el clero). Con este fin se crean las Sociedades Económicas, potenciadas y permitidas (pero no creadas) por el gobierno. Estas Sociedades Económicas difunden la realidad que se vivía en el sector agrario  a través de proyectos, informes y conferencias.

Los ilustrados que querían que la burguesía pudiese innovar las técnicas, introducir precios competitivos y justos en los mercados y aumentar la producción tenían que asimilar a la burguesía en el sistema de propiedad sin destruir el sistema feudal y estamental que ellos apoyaban. Para ello, y con la ayuda  del expediente de las Sociedades Económicas y los informes (que hablaban del decadente estado del campo)  de algunos ilustrados del gobierno como Jovellanos, se crea una Ley Agraria.

La ley tendrá características  arbitristas por lo que las soluciones serán simples “parches” ya que los Borbones no estaban dispuestos a tratar el tema con profundidad por la complejidad y por las consecuencias que ello tendría. Consecuentemente la ley sería un fracaso.

Se pensaba que las revueltas eran fruto de la falta de trigo por lo que se quiso aumentar la producción y disminuir el descontento entre el campesinado. Se repobló zonas deshabitadas como Sierra Morena, se liberalizó el mercado del trigo, se entregaron tierras a braceros que no tenían parcelas que trabajar (medida inútil ya que los braceros no tenían medios para cultivarlas, además no fueron tierras demasiado fértiles y estuvieron expuestos a los abusos de las oligarquías cercanas y los nobles que tenían poder en los municipios) se intentaron evitar desahucios y se congeló la subida de las rentas. Las leyes no se cumplieron, por un lado porque habían otras leyes (ley de libre contratación) que las invalidaban y daban un completo poder a los propietarios sobre los campesinos y por otra parte porque los encargados de aplicar las medidas eran los mismos nobles y eclesiásticos a los que no les interesaban las reformas por lo que las boicotearon. La reforma intentó una desamortización de las tierras de manos muertas que tuvo una repercusión nula. Solo con la llegada de Godoy a finales del siglo XVIII se comienza la desamortización de algunos bienes de la Iglesia.

Como la burguesía no pudo comprar tierras de la nobleza y el clero, se aprovechó del endeudamiento concejil para comprar tierras comunales. Esto se manifiesta en un proceso de privatización de este tipo de parcelas que solo pudo ser evitado en algunas ocasiones por diferentes iniciativas campesinas.

En resumen, en el siglo XVIII se producen tensiones entre propietarios y no propietarios como consecuencia del aumento de la renta. Los mecanismos del Antiguo Régimen y el sistema feudal evitan el control de la propiedad por parte de la nueva clase burguesa emergente y mantiene la hegemonía de la nobleza y el clero. Estas contradicciones desembocan en la reforma del gobierno ilustrado en lo referente a la distribución y titularidad de  las tierras que no logra modificar básicamente nada, debido a la compleja tarea de querer conseguir unas metas (aumento de la producción, modernización y mejora de la situación del campo) y no querer tocar el sistema social y económico imperante.

 

-Antonio Gómez Mendoza (1996): “Economía y sociedad en la España Moderna y Contemporánea”

-Alfredo Alvar, Gonzalo Anes, Máximo García, Elena García, José Ignacio Ruiz, Pegerto Saavedra y Juan Carlos Zofío (2006): “La economía en la España Moderna”

-Gonzalo Anes A. (1969): “Economía e ilustración en la España del siglo XVIII”

-Gonzalo Anes A. (1974): “Las crisis agrarias en la España Moderna”

-Salustiano De Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo (1998): “Historia de la propiedad en España XV-XX”  Encuentro interdisciplinar.

-Salustiano De Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo (2000): “Historia de la propiedad en España, bienes comunales, pasado y presente” II encuentro interdisciplinar.

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