Los bienes comunes

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La iniciativa privada se traduce en ánimo de lucro. Un individuo decide emprender con una empresa concreta con la cual pretende ofrecer un bien o un servicio a cambio de un beneficio económico. Esta es la base del sistema capitalista.

Ahora bien, creo que existen bienes que no son privatizables. Es perfectamente comprensible que los productos secundarios se vean imbuidos por el ánimo de lucro. Productos que, como su propio nombre indica, no son necesarios en el sentido más estricto del término. El hecho es que el siglo XXI es el periodo del dominio de estos productos, pero el que sean o no privatizables es un debate respetable desde todos los puntos de vista.

El problema de un sistema económico que permite cualquier tipo de iniciativa es que se puede sacar dinero de cualquier tipo de situación. De hecho, en muchos casos, la ignorancia suele ser causa de gasto. El sistema se fundamenta en la ignorancia del ciudadano para lucrarse a su costa. Se podrían establecer numerosos ejemplos. El pilar principal es obtener beneficios ofreciendo un producto, sea un producto material o un servicio. “El hambre agudiza el ingenio” se suele decir, la ambición también, creo yo.

La ambición establece una línea perversa que termina por materializarse en ideas como la privatización de bienes tan básicos como el agua, la luz (aunque no sea un bien estrictamente primario, si que en pleno siglo XXI es importante), la sanidad, la educación…
Analicemos el resultado que ofrece la privatización de estos bienes, creo yo, públicos:

- En primer lugar, nos debemos referir a lo que supone privatizar bienes de primera necesidad como el agua. Los que gestionan este bien tienen como primer objetivo lucrarse. No es discutible que se les ha ofrecido un producto al cual el ciudadano no puede renunciar, ni aunque lo quisiera, y, por tanto, la empresa de turno, podrá modificar los precios siempre en su propio beneficio. El ciudadano, como parte soberana de un Estado, se ve obligado a decidir entre una serie de empresas que le ofrecen un producto al que no puede renunciar. Es claro el hecho de que esta empresa tiene un poder exagerado. Muchos liberales discutirían esto aludiendo a la competitividad entre las diferentes empresas, la cual ayudaría a bajar los precios para obtener beneficios; Por tanto, beneficiaría directamente a los ciudadanos. Pero no podemos caer en la ignorancia. Al igual que las empresas petrolíferas, si se generan oligopolios que decidan un precio concreto, el ciudadano está literalmente obligado a someterse a la decisión de estas empresas. Es por ello que ya que la mitad del sueldo anual de un ciudadano de este país son impuestos no se puede permitir que un gobierno venda u otorgue un bien de todos los ciudadanos a una empresa privada (dejando al margen los obvios beneficios que dicho gobernante puntual obtiene de esta gestión). Los impuestos existen para que el Estado (realidad política creada por la voluntad de los ciudadanos) garantice, mínimo, los bienes y productos de primera necesidad; No para que los administradores puntuales lo vendan por motivos puramente lucrativos y moralmente cuestionables. Con la electricidad ocurre exactamente lo mismo. Sorprende la afirmación de que determinados gobiernos fueron más prósperos, cuando la realidad es que se otorgó a empresas privadas (con un único objetivo lucrativo) el poder de enriquecerse a costa de bienes irrenunciables.

- Con respecto a la sanidad la realidad es aún más inquietante. La excusa por la que se pretende “externalizar la gestión” o privatizar un hospital es similar a la anterior. Cuando una empresa obtenga beneficios se esforzará en ofrecer al ciudadano un mejor “producto”. Pero no podemos caer en la simpleza de esta lógica porque esconde una trampa. No se puede someter algo tan importante como la sanidad a una empresa porque la salud no puede verse obligada a someterse al ánimo de lucro. Escuché hace relativamente poco en unas declaraciones que los médicos estarían más motivados si su trabajo depende de la decisión de otra persona y no de una oposición. Además, también al estar sujetos a aumentos de sueldo por ofrecer mejor servicio se esforzará en hacerlo. ¿Acaso la motivación de un médico debe estar ligada al beneficio económico? Cuanto más dejamos avanzar al ánimo de lucro más se asienta la ambición. Un hospital no debe ser una empresa que obtenga x beneficios al año, principalmente porque su base económica se sustentaría en la enfermedad: Cuanto más enfermos, más dinero. Es por esta argumentación que ellos recurren al sistema estadounidense. En este caso todo ciudadano se ve obligado a contratar un seguro sanitario, y por esta privatización de un bien público se lucran empresas (en este caso las compañías de seguros). El fin último de la privatización no es ofrecer un servicio básico a los ciudadanos de mejor calidad , sino que una serie de entidades, de empresas, obtengan beneficios. Cuando se toma una medida política debemos preguntarnos inmediatamente a quién beneficia dicha medida.
Existe gente que apuesta por la convivencia entre los dos modelos, el privado y el público, para desahogar y amortiguar la presión demográfica de los hospitales. La pregunta es la misma ¿es privatizable este bien? ¿se puede someter la sanidad a la ambición? Creo que el debate sobre la sanidad, que lo hay, se debe centrar en mejorar un sistema público, porque no hay que olvidarse que el Estado es el resultado del acuerdo de una serie de individuos para mejorar el uso y disfrute de sus derechos, y la sanidad es uno de ellos.

- Con la educación ocurre algo similar. No podemos establecer que el fin último de la enseñanza de los integrantes de una nación sea lucrarse. Resulta escandaloso suponer que la educación derive de una iniciativa privada por varias razones: En el momento que sean unos pocos privilegiados los que deciden qué y cómo se va a enseñar, la calidad se verá transformada en interés del empresario. El qué enseñar a las nuevas generaciones debe ser algo consensuado, pactado y público. La enseñanza no puede tener otro fin que no sea la creación de un espíritu crítico y competitivo consigo mismo. El individuo debe poseer unos valores que la sociedad se encarga de otorgarle, pero estos valores no deben ser, en ningún caso, interesados.
¿Cómo podemos permitir que empresas o instituciones privadas se encarguen de la administración de los organismos encargados de la educación de nuestros hijos? La educación nunca será un bien privatizable. La decisión del qué se enseña y cómo le corresponde a los ciudadanos, pues son los únicos que desean que su sociedad se desarrolle con una base educativa e intelectual decente. En este bien tan preciado, ni la Historia debe justificar un modelo. Con esto me refiero a que la Iglesia no debe tener la capacidad de controlar determinados colegios o institutos. Es una competencia indiscutiblemente propia de los ciudadanos, y su único móvil debe ser mejorar la calidad de sus docentes.

Con estos ejemplos debemos darnos cuenta de que hay determinados bienes propios de los ciudadanos, y que, efectivamente, se debe controlar hasta dónde es capaz de llegar la iniciativa privada. Con esto quiero decir que el Estado debe contar con todas aquellas competencias que supongan las necesidades primarias de los ciudadanos, y bajo ningún concepto los administradores temporales del mismo pueden tener la competencia de venderlos. No es tolerable que el agua o la electricidad se “cedan” a empresas privadas. Lo que conocemos como “puertas giratorias” no es más que un ejemplo que ilustra la razón por la cual ningún partido puede tener “derecho” sobre estos bienes. La gestión de estos bienes pertenece única y exclusivamente a los ciudadanos.

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