Un problema insoluble de la democracia

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Para entender la democracia actual debemos realizar un breve análisis de la doctrina de Rousseau (1712-1778). Puede ser considerado uno de los padres de la democracia moderna. Su obra más destacada es el “contrato social”. Aunque colaboró con ilustrados y enciclopedistas, podemos considerarlo un adelantado a su tiempo, pues su doctrina estaba más relacionada con la escuela del romanticismo. En contraposición a los liberales, Rousseau pone el énfasis en el sentimiento, no en la razón. En su obra “El contrato social” trata sobre qué nuevo pacto social había que hacer para reestructurar la sociedad. En contraposición al liberalismo, él no cree en los derechos naturales del individuo; defiende la disolución de los derechos y las libertades en la comunidad, y el sometimiento de los individuos a la voluntad general. Los individuos deben renunciar a sus libertades individuales simultáneamente elevándose así a la categoría de ciudadano; Y debía participar directamente en la vida política, es decir, en la formación de la ley. Así, al obedecerla lo que obedece es lo que él mismo ha formado. Por lo que el individuo tiene derechos derivados de la comunidad. Como Rousseau afirma, cada individuo tiene un átomo de soberanía. Y aquí es donde nos encontramos con el problema de la representación. Para Rousseau, la soberanía no se puede delegar, por lo que defiende una democracia directa. La asamblea es, por tanto, el poder más importante, y el Estado está subordinado a ella.

La vertebración del estado constitucional fue un proceso que comenzó con la Revolución Francesa. La figura de Sieyés y la elaboración de “La declaración de derechos del hombre y del ciudadano” unido a la constitución francesa de 1791 configuraron las bases del estado constitucional. Este estado consta de 3 fases para su elaboración:

  • En primer lugar lo que juega es la voluntad del individuo, el cual libremente elige asociarse.
  • En segundo lugar los individuos, dentro de esa asociación, deliberan entre sí y toman acuerdos respecto al interés y las necesidades comunes (Quién se asocia lo hace con un objetivo).
  • Por último, en la tercera fase se debe tener en cuenta una cosa: La cantidad de asociados y su distribución heterogénea “obliga” a ejercer un depósito de confianza en unos representantes que agilice la toma de decisiones. Como las personas no pueden hacerlo directamente hay que hacerlo a través de la representación. La función del cuerpo de representantes es averiguar cuál es la voluntad de la nación. Se supone que el representante es elegido porque representa la voluntad de aquellos que le eligen. Cuando la nación ejerce el poder constituyente es una voluntad creadora (no tiene límites).

Lo cierto es que hoy en día este sistema de representación sigue vigente. Los representantes técnicamente representan la nación, no una comunidad o pueblo concreto, y estos votan los intereses de la nación misma. Se supone que ellos representan la voluntad de la nación, pero la realidad es que son ellos los que legitimados por ese depósito de confianza votan y crean dicha voluntad. El problema reside en que un sistema de democracia directa no se puede implantar en un país con un número considerable de ciudadanos. Someter todas y cada una de las decisiones del Estado al pueblo entero sería indudablemente un caos. Pero por otro lado, la idea de la representación no hace más que otorgar el poder de decisión a unos pocos que interpretan la voluntad de la nación, y legitimados por la democracia misma generan una oligarquía que decide y conforma las leyes a las que todos debemos ser sometidos. Así pues, nos encontramos con un problema técnicamente insoluble. El representante no es procurador, es decir, no recibe instrucciones del pueblo, por lo que se posicionan a un nivel superior al de su elector, entre otras cosas, porque no rinden cuentas hasta el final del mandato.

 

Bibliografía:

Rousseau. J.J. “El contrato social”

Sieyés. “Declaracion de derechos del hombre y del ciudadano”.

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